Convalidado el decreto ley de agilización de las condiciones de la Renta Mínima

Convalidado el decreto ley de agilización de las condiciones de la Renta Mínima de Inserción Social para reducir la lista de espera. Rocío Ruiz destaca que, con las nuevas medidas administrativas y el refuerzo de personal, el Gobierno andaluz hace más fácil el acceso a esta ayuda para las personas vulnerables. Hasta 19.853 familias andaluzas se han beneficiado.

 

El Parlamento de Andalucía ha aprobado en sesión plenaria la convalidación del Decreto Ley 22/2021 para la modificación de las medidas extraordinarias puestas en marcha durante la pandemia por COVID-19 en relación con la Renta Mínima, con el objetivo de agilizar y flexibilizar los trámites necesarios para su concesión.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha destacado que el Gobierno andaluz hace más fácil así "el acceso a la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Se trata de un paquete de medidas administrativas que incidirán directamente en la resolución definitiva de los expedientes y, por lo tanto, en la eliminación de los retrasos acumulados en estos procedimientos".

Esta prestación, a juicio de la consejera, "ha estado infrafinanciada" en legislaturas anteriores, y fue concebida "de forma difícil de gestionar por la cantidad de requisitos que exigía para su comprobación. Ahora, y en el marco del proceso de digitalización y simplificación administrativa puesto en marcha por la administración andaluza, la Renta Mínima de Inserción Social reduce el número de ítems a comprobar de forma documental a aquellos que únicamente no se puedan chequear de manera telemática".

En concreto, la norma aprobada modifica el Decreto Ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus, y el Decreto Ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus.

Las modificaciones introducidas mediante esta norma, junto con la implementación del plan de choque de refuerzo de personal para la revisión de los expedientes resueltos con arreglo a las medidas extraordinarias implementadas, permitirán tramitar la práctica totalidad de los procedimientos en el periodo de seis meses de duración del mismo.

"Con ello, se pretende salvar las importantes dificultades en su tramitación que viene arrastrando desde sus inicios la Renta Mínima, como la procelosa gestión de los expedientes, de los que hasta el 80% son objeto de requerimientos de documentación, ya que la mayor parte de los requisitos necesarios no son completamente verificables de forma telemática o no lo son de ninguna forma", ha subrayado Rocío Ruiz.

Desde ahora, queda establecida una serie de requisitos que suponen el filtro básico de acceso a la prestación, pero favorecen, asimismo, una gestión más ágil al comprobarse el cumplimiento en el momento de la solicitud. Además, se elimina la obligatoriedad de presentar en todo caso nóminas y contratos de trabajo, quedando supeditado a los supuestos concretos en que el órgano gestor no pueda disponer de la información de manera telemática.

Con la modificación efectuada mediante el Decreto Ley 22/2021, los requisitos se limitarán a ostentar vecindad en la comunidad autónoma andaluza; disponer de recursos mensuales inferiores a la cuantía que corresponda de la Renta Mínima; no disponer de dinero efectivo, título, valor o depósito bancario de un importe superior a 10 veces el IPREM; y, adicionalmente, que la persona esté inscrita en el Servicio Andaluz de Empleo como demandante.

La situación en la que se encuentran las familias que esperan la resolución definitiva de sus procedimientos para la concesión de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía genera la urgente necesidad de regular una gestión más eficaz de los expedientes a través de un decreto ley. Además de abrir la posibilidad de poder continuar atendiendo a las restantes solicitudes pendientes de resolver y que afectan a las personas más vulnerables.

Por otra parte, la consejera se ha referido a cómo "la evolución de la pandemia y con ella la crisis económica ha provocado que, a pesar de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital del Estado, el número de expedientes de la Renta Mínima pendientes de resolver se haya visto notablemente incrementado. En primer lugar, por el empeoramiento de la situación económica de las familias, pero también por la necesidad de revisar todos los expedientes resueltos de forma provisional por los dos decretos ley mencionados".

Más de 19.000 familias beneficiarias

Ante el incremento del número de familias que no podían garantizar la cobertura de sus necesidades básicas al inicio de la pandemia por COVID-19, el Gobierno andaluz aprobó nuevas normas para la concesión provisional de prestaciones de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía en aquellos casos acreditados como de urgencia o emergencia por parte de los servicios sociales comunitarios o que correspondiesen a familias que, siendo beneficiarias de la prestación, llegaran al fin de la misma durante el Estado de alarma o hubieran solicitado una ampliación.

Así como nuevas medidas extraordinarias entre las que se encontraba la concesión de una prestación extraordinaria de cinco meses de duración para las solicitudes de nueva modalidad de situación de emergencia social para unidades familiares con menores a cargo o unipersonales. De esta forma, hasta 19.853 familias andaluzas han podido contar con unos ingresos mínimos de subsistencia durante varios meses gracias a un gasto ejecutado por parte de la Consejería de 38,5 millones de euros.

Sin embargo, la actual regulación respecto a la revisión de estos expedientes hace que este proceso haya generado un nuevo incremento en la carga de gestión. Por este motivo, la Consejería de Igualdad ha determinado otorgar un carácter excepcional a estas revisiones con el objetivo de dar respuesta a situaciones urgentes que están pendientes de ser atendidas y que esperan la resolución de sus solicitudes. "El fin último de las modificaciones propuestas es dar una respuesta proporcionada a estas familias que ya cumplían los requisitos de acceso a la prestación", ha concluido Rocío Ruiz.

REDACCIÓN / PASIÓN POR MVNDA