En el Día de las Trabajadoras del Hogar, Cáritas Española reclama un aumento de sus niveles de protección, cuyos derechos laborales están gravemente desprotegidos. Reivindica que la prestación por desempleo se aplique en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores en línea con el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Más de 518.800 personas trabajan como empleadas de hogar en nuestro país, pero el pasado mes de enero solo 378.805 estaban afiliadas en el Régimen de la Seguridad Social. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), alrededor del 30% no tienen contrato. Estas bajas cifras de afiliación -unido a que se trata de un sector muy feminizado (el 95% son mujeres) y la mayoría de origen extranjero- hace que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad.
Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) además ha dictaminado que España discrimina a las trabajadoras del hogar al negarles la prestación por desempleo. “Su labor de cuidado es esencial para el funcionamiento de la sociedad, pero sus derechos laborales se encuentran gravemente desprotegidos”, subraya Beatriz Iraeta, del equipo de Inclusión Social de Cáritas Española.
Frente a esta realidad y con motivo de la celebración, hoy, 30 de marzo, del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, Cáritas reclama un aumento de los niveles de protección de estas trabajadoras. En el marco del Plan de Respuesta ante los efectos socioeconómicos derivados del conflicto en Ucrania, Cáritas ha pedido al Gobierno que la prestación por desempleo se aplique a las empleadas de hogar en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores. En línea con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), también solicita más oportunidades de empleo, un reconocimiento de la relación laboral a través de contratos dignos e igualdad en el trato: salarios, horas, vacaciones.
“El Gobierno ha planteado un compromiso de dotarlas de la prestación por desempleo, así como equiparar otros derechos y condiciones para el 2022. Esto unido a una campaña de inspección de trabajo contra los salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a empleadas de hogar, hace pensar que el 2022 pueda ser un año de cambios y mejoras para el sector”, apunta Beatriz Iraeta.
Pérdida de derechos
La actual vulneración de derechos laborales en el campo del empleo doméstico afecta a todas las facetas de la vida de la mujer. Muchas veces la falta de tiempo libre les impide cualquier tipo de conciliación familiar y personal, mientras que las elevadas tasas de temporalidad e irregularidad salarial aumentan la precariedad y restringe el acceso a las prestaciones.
Esta pérdida de derechos provoca además indefensión en la mujer que, a menudo, no es consciente de sufrir explotación, normalizándola y pensando que es un paso necesario para conseguir un trabajo mejor. En el caso de las mujeres inmigrantes, al estar fuera de su país de origen, asumen que deben “aguantar” todo. Muchas de ellas, incluso, son conscientes de sufrir vulneraciones, pero no lo denuncian por miedo a perder el trabajo, por creer que no sirven para nada o por no sentirse legitimadas de hacerlo.
A través de diversos programas, Cáritas acompaña a las empleadas de hogar y a las familias para asegurar que se cumplen los derechos de las trabajadoras, así como las necesidades de las personas empleadoras. Es el caso del Proyecto Pinzas de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres. Su objetivo es el acompañamiento individual y sociolaboral de las mujeres para mejorar su empleabilidad en el sector doméstico.
“Me han ayudado a volver a creer en mí y sobre todo a saber que no estoy sola. Tenía un Dios que siempre ponía ángeles en mi camino, eso ha sido el personal de Cáritas para mí: ángeles. Hoy por hoy cuento con un trabajo en el que me siento muy a gusto, puedo aportar en mi hogar y más en estos momentos tan difíciles para muchas familias. Este trabajo lo encontré gracias a Cáritas, ellos se preocuparon porque dicho empleo cumpliera con las condiciones legales y salariales adecuadas para mí”, comenta Yolanda, una participante del Proyecto Pinzas.
Durante el proceso de acompañamiento, se lleva a cabo un diagnóstico sociolaboral de la mujer a partir del cual se plantea el itinerario de búsqueda de empleo. Posteriormente, la persona recibe formación para mejorar sus competencias y, a la par, poder crear vínculos con otras personas que trabajan en el sector. El último paso es la mediación laboral.
En esta etapa se selecciona a la persona trabajadora adecuada y se da respuesta a la necesidad que plantea la persona empleadora. “Cuando la inserción se ha realizado, explica Beatriz Iraeta, es fundamental el acompañamiento tanto a la empleada como al empleador para evitar situaciones de abusos laborales y conductas indeseables”.
CÁRITAS ESPAÑOLA
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