16.12.20

Igualdad destina 11 millones de euros a los servicios sociales municipales para la dependencia

Esta dotación, que se amplía por primera vez desde 2012, supone un incremento de 710.000 euros y permitirá reforzar al personal. La distribución de créditos se realiza entre ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y diputaciones. El Gobierno lidera la propuesta de constituir un Pacto de Estado para blindar la dependencia.
 
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ha aprobado la distribución de un crédito de más de 11 millones de euros (11.000.941,10), con cargo al presupuesto de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios de las entidades locales para el desarrollo de competencias en materia de dependencia.




Esta cifra, que se amplía por primera vez desde 2012, supone un incremento de 710.070,10 euros y para su distribución se han establecido criterios relativos a población potencialmente dependiente, personas pendientes de la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA), personas beneficiarias de prestaciones de dependencia y número de Zonas Básicas de Servicios Sociales de cada entidad local. En todos los casos, se ha garantizado, al menos, los créditos consignados en el año 2020 para cada entidad local.

Con este refuerzo de personal será posible una atención más rápida a las personas cuyos expedientes están en tramitación en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía. Así, se garantiza en 2021 el correcto funcionamiento del sistema y el desarrollo de las competencias que asumen las corporaciones locales de Andalucía en materia de dependencia.

Esta distribución de créditos se realiza entre los ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales. Los gastos que se financian son los correspondientes al personal encargado de la gestión de solicitudes de inicio del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y de la elaboración del informe social y propuesta de Programa Individual de Atención, tanto en trámite inicial como de revisión. Para ello, los trabajadores deberán contar con la titulación de Asistente Social o la diplomatura en Trabajo Social.


Excepcionalmente, una vez cubiertas las necesidades en el ámbito social y previa conformidad de la ASSDA, las entidades locales podrán contratar o mantener la contratación de personal administrativo con cargo a este acuerdo.

Pacto de Estado

Para evitar este tipo de situaciones, el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, está liderando, a nivel nacional, la propuesta de la constitución de un Pacto de Estado con el objetivo de blindar la dependencia como el derecho subjetivo del que se trata. Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Parlamento andaluz, de los sindicatos y del sector de la dependencia.

Así lo ha manifestado la consejera Rocío Ruiz en el pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia convocado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, donde ha presentado la propuesta andaluza para llegar al consenso y al diálogo social con el fin de conseguir, no sólo una financiación justa y equilibrada, sino un presupuesto en el tiempo.

REDACCIÓN / PASIÓN POR MVNDA

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