Convalidado el Decreto-Ley 31/2020 que, además, regula la evaluación ambiental de los planes urbanísticos y las jornadas complementarias del personal directivo del SAS. Los objetivos de este apoyo económico a los centros de atención a la dependencia son: garantizar la continuidad del servicio asistencial, el sostenimiento de este sector social y el mantenimiento de los numerosos puestos de trabajo vinculados.
El Parlamento de Andalucía ha convalidado el Decreto-Ley 31/2020 que ha defendido la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, destacando la necesidad del apoyo económico a las entidades prestadoras de los servicios de atención a la dependencia con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio, el sostenimiento de este sector social y el mantenimiento de los numerosos puestos de trabajo vinculados.
"Con esta iniciativa económica, cuyo importe asciende a más de 13,5 millones de euros, este Gobierno contribuye a paliar los gastos que están soportando los centros, así como a garantizar la continuidad asistencial y la calidad de la prestación del servicio a las personas mayores y con discapacidad en situación de dependencia", ha señalado.
En concreto, esta medida económica está destinada a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centro de día y de noche y centro de día con terapia ocupacional con plazas concertadas con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), entidad adscrita a la Consejería de Igualdad.
Como ha señalado la consejera, a consecuencia de la pandemia por COVID-19, estas entidades han tenido que hacer frente a una serie de gastos extraordinarios para proteger la salud, tanto de las personas beneficiarias como de los trabajadores y trabajadoras, para cumplir con las medidas de prevención higiénico-sanitarias establecidas por las autoridades sanitarias.
"Su actividad no solo ha sufrido un notable daño reputacional, sino que también se ha visto afectada por las diversas medidas adoptadas como la suspensión de nuevos ingresos en las residencias o el cierre de los centros de día, acordadas por la Orden de 13 de marzo", ha señalado la consejera, que se ha referido a gastos como el incremento de la contratación de personal, el refuerzo de las medidas de higiene y transporte, la dotación de los equipos de protección individuales, las tareas de desinfección y la adecuación y adaptación de espacios.
En Andalucía, el número de centros que prestan servicios públicos de atención a la dependencia para personas mayores y con discapacidad mediante contrato, convenio o concierto con la ASSDA asciende a 1.415. Gracias a ellos, hay 37.886 personas beneficiarias a fecha de 31 de octubre de 2020.
Evaluación ambiental y reforestación
La convalidación del Decreto-Ley 31/2020 por parte del Parlamento también supone el establecimiento de medidas urgentes para garantizar la correcta evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de planeamiento urbanístico que se hayan tramitado de acuerdo con la Disposición Adicional Tercera de la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de medidas en materia de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal. "Unas medidas necesarias para hacer frente a un error cometido por la anterior administración que ha sido ya objeto de varias sentencias judiciales por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que han generado una gran incertidumbre jurídica", ha señalado Rocío Ruiz.
De esta forma, la aprobación de este Decreto-Ley supone, por una parte, un impulso a la Revolución Verde en Andalucía al garantizar que la tramitación ambiental del urbanismo se haga conforme a la normativa europea y estatal, preservando el medio ambiente de la comunidad autónoma. Y, por otra parte, se consigue dar seguridad jurídica a ayuntamientos, agentes y ciudadanía.
Asimismo, el Decreto-Ley contempla el permiso para que los proyectos de compensación de emisiones, como las reforestaciones que se hacen para absorber gases de efecto invernadero, puedan llevarse a cabo tanto en terrenos públicos como privados.
Jornadas complementarias del personal directivo
Por último, y en relación con el Sistema Sanitario Público de Andalucía y ante el nuevo Estado de alarma declarado por el Gobierno de España, la disposición acuerda que el personal directivo pueda realizar las jornadas complementarias y, en su caso, continuidades asistenciales de la categoría y especialidad de la que tenga titulación. En cualquier caso, previa autorización de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud o de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria correspondiente por causa asistencial debidamente motivada y dentro de los cuadrantes de las respectivas unidades de cada centro.
"Debido a las circunstancias actuales de la pandemia por COVID-19, la situación epidemiológica compromete severamente la capacidad del sistema sanitario. De esta forma, el Gobierno andaluz contribuye a dar respuesta a la situación de déficit en la que se encuentra el sistema de atención sanitaria, asegurando la capacidad de respuesta a fin de proteger la salud de la ciudadanía, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública", ha concluido Rocío Ruiz.
REDACCIÓN / PASIÓN POR MVNDA
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