El Gobierno presenta medidas para reconocer, prevenir y reparar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. El Ejecutivo también ha reforzado las normas para garantizar que nadie con antecedentes penales por delitos sexuales o de trata trabaje en contacto habitual con menores.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos, en cuya elaboración han participado siete ministerios.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recordado que, en marzo de 2022, el Congreso de los Diputados encomendó al Defensor del Pueblo crear una comisión independiente para estudiar las denuncias sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Las conclusiones, a juicio de Bolaños, fueron "contundentes y muy claras, después de un trabajo concienzudo".
El informe concluyó que 440.000 personas podrían haber sufrido abusos sexuales en España, y la mitad podrían haber sido cometidos por religiosos de la Iglesia Católica, que "no dio una respuesta adecuada al problema", según ha apuntado el ministro.
Félix Bolaños ha añadido que el documento del Defensor del Pueblo considera que es "necesario e imprescindible" que los poderes públicos respondan a esta situación, reconozcan el daño, adopten medidas para prevenir posibles futuros abusos y para reparar el daño que han sufrido las víctimas.
Ejes de actuación del Plan
El Gobierno presenta el plan de implementación del informe, ha manifestado el ministro, con el ánimo de saldar una deuda con las víctimas que durante décadas estuvieron olvidadas, reparar su daño y ponerlas en el centro de la acción política.
Las iniciativas del Gobierno para alcanzar estos objetivos se ordenan en cinco ejes: reconocimiento y reparación; atención a las víctimas; prevención; formación y sensibilización; e información e investigación.
Félix Bolaños ha detallado que el Ejecutivo prevé la organización de un acto público con las víctimas y sus familias que supondrá el primer paso para una reparación simbólica. También está prevista una reparación material adecuada en términos económicos. Con este fin, el plan contempla medidas legales y administrativas para apoyar a las víctimas que no han ejercido la acción penal. Así, el cómputo de los plazos de prescripción de la responsabilidad civil no se iniciará hasta que la víctima haya cumplido 35 años. Además, algunos delitos se van a considerar imprescriptibles y, por lo tanto, se podrán perseguir en todo momento.
Respecto a la atención integral a las víctimas, el ministro ha asegurado que recibirán un trato óptimo en los servicios especializados. Además, se generarán entornos seguros para que en los procedimientos judiciales las víctimas no tengan contacto con su agresor y se garantiza que todas dispondrán de asistencia jurídica gratuita.
En el ámbito de la prevención de los abusos sexuales en la infancia y la adolescencia, Bolaños ha avanzado que se reforzarán las labores de supervisión de las inspecciones educativas y se formarán coordinadores de bienestar y de protección en los centros docentes.
El ministro también ha indicado que se incluirán contenidos formativos y de sensibilización en los currículos de los docentes o profesionales de cualquier campo que estén o puedan estar en contacto con menores.
La investigación de las causas de la violencia infantil y la mejora de los sistemas de información y de obtención de datos facilitarán la toma de decisiones y la implantación de políticas públicas, ha concluido el ministro.
Félix Bolaños ha precisado que todas estas medidas se implementarán entre los años 2024 y 2027, periodo de vigencia del Plan. El objetivo del Gobierno, ha dicho, es llevar a cabo políticas públicas que pongan en el centro a las víctimas y reparar el daño causado en colaboración con la Iglesia Católica, con la que se han iniciado conversaciones para que "sufrague y asuma el coste de la reparación económica" de los abusos sexuales cometidos en su ámbito.
"La Iglesia ha reconocido la existencia de estos abusos y me consta que también están trabajando en cómo reparar de manera integral a las víctimas. Creo que nadie entendería que la Iglesia española no actuara como han actuado otros países de nuestro entorno, como Irlanda, Francia, Bélgica, o como otros países de fuera de la Unión, como Estados Unidos", ha recalcado el ministro.
Plan de respuesta a informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales de la Iglesia Católica
El Consejo de Ministros ha presentado el Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos, que es fruto del trabajo y la coordinación entre siete ministerios.
Este Plan pone en marcha medidas concretas para sensibilizar sobre este problema, evitar nuevos casos reforzando la protección a menores y saldar la deuda existente con las víctimas, en especial con aquellas que no han podido seguir un proceso penal por la prescripción de los delitos o el fallecimiento del victimario.
Con este Plan se busca que la democracia española salde una deuda con todas las víctimas de abusos, situándolas en el centro de la acción política del Gobierno. La intención del Ejecutivo es trabajar en colaboración con la Iglesia Católica, con quien ya se han iniciado conversaciones. Las iniciativas se ordenan en cinco ejes de acción, correspondientes con los cinco ejes de recomendaciones del Defensor del Pueblo.
El primer eje incluye medidas de reconocimiento y reparación. En este sentido, prevé la organización de un acto público con las víctimas y sus familias que suponga un primer paso para una reparación simbólica. También recoge una reparación material adecuada y suficiente, tanto en términos económicos como de atención psicológica. Además, para apoyar a las víctimas que no han tenido la oportunidad de ejercer la acción penal, el Plan contempla la adopción de las medidas normativas necesarias para su reparación, así como la modificación de los plazos de prescripción de la responsabilidad civil, cuyo cómputo no se iniciará hasta que la víctima haya cumplido 35 años.
El segundo eje se orienta hacia la garantía de la atención integral de las víctimas, con medidas como la prestación de un trato óptimo por parte de los servicios especializados; la generación de entornos seguros, cómodos y adecuados para las personas menores de edad que presten declaración; y la garantía de que todas las víctimas disponen de asistencia jurídica gratuita.
El tercer eje establece acciones para la prevención de los abusos sexuales en la infancia y la adolescencia, entre ellos, el refuerzo de las labores de supervisión de las inspecciones educativas y la formación de coordinadores de bienestar y protección en los centros docentes.
El cuarto eje incluye medidas de formación y sensibilización, incluyendo la introducción de contenidos en los currículos de los futuros profesionales que vayan a estar en contacto continuo con menores, con independencia de su ámbito de actuación.
Por último, el quinto eje prevé dos obligaciones para los poderes públicos: la investigación de la violencia infantil, con el objetivo de facilitar el impulso de mejores políticas públicas, y la mejora de los sistemas de información y de obtención de datos, especialmente en el ámbito judicial.
Además, el Plan prevé la creación de una Comisión de seguimiento, encargada de garantizar la correcta evaluación y ejecución de todas las medidas y de impulsar la coordinación necesaria para ello con la Iglesia Católica.
Con este Plan, el Gobierno da respuesta al informe elaborado por la comisión independiente que el Congreso le encomendó crear al Defensor del Pueblo en marzo de 2022, con el objetivo de estudiar las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos ante esta situación.
Reforma del Registro Central de Delincuentes Sexuales
El Gobierno ha modificado la regulación del actual Registro Central de Delincuentes Sexuales con el fin de reforzar sus funciones de protección integral a la infancia y la adolescencia. El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha recordado que el registro, en funcionamiento desde el año 2016, garantiza que nadie con antecedentes por delitos sexuales trabaje en contacto con menores. "Es una base de datos gratuita, pero no pública, a la que podemos acceder todos los ciudadanos para obtener el certificado de no antecedentes penales para poder trabajar en algún oficio que tenga que ver con menores", ha remarcado.
La primera modificación aprobada es que el registro incorporará información sobre las personas condenadas por trata de seres humanos, con independencia de la edad de la víctima. Así, el registro cambia su denominación y pasará a denominarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.
La segunda novedad, según ha expuesto Félix Bolaños, es que se habilita a empresas, instituciones, ONG y a algunos colegios profesionales a solicitar de forma periódica el certificado negativo de antecedentes penales de sus trabajadores que estén en contacto habitual con menores, contando con su consentimiento. Así se evita que personas que hayan cometido un delito tras haber sido contratadas se relacionen con menores.
La tercera reforma supone que la norma habilita a las personas de entre 16 y 18 años, como los monitores de campamentos o socorristas, para que puedan solicitar el certificado al registro directamente, y no a través de sus padres o tutores.
La cuarta modificación implica la interconexión del registro de antecedentes penales europeo con el español, de forma que los ciudadanos de la Unión Europea que quieran trabajar en España obtendrán de forma simultánea los dos certificados que se les exigen: el de carencia de antecedentes penales en España y el de carencia en su país de origen.
El ministro también ha informado de que se equipara el régimen de cancelación de las condenas dictadas a personas condenadas por delitos sexuales por parte de jueces o tribunales extranjeros al régimen español.
"Con esta reforma aumentamos la cooperación con otros países de nuestro entorno y tomamos medidas que simplifican la burocracia al máximo. Trámites que podían prolongarse durante semanas, ahora se podrán hacer con un clic, en prácticamente minutos", ha concluido.
Refuerzo de la protección de los menores
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que introduce modificaciones en la regulación del actual Registro Central de Delincuentes Sexuales, con el fin de reforzar el cumplimiento de sus objetivos de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Este registro, que se encuentra en funcionamiento desde 2016, es una herramienta básica para garantizar que nadie con antecedentes por delitos sexuales trabaje en contacto habitual con menores. Se trata de una base de datos gratuita y no pública que contiene los datos identificativos, las condenas y las medidas de seguridad impuestas a personas condenadas por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad sexual.
La reforma aprobada del Real Decreto 1110/2015 cambia la denominación del registro, que pasa a llamarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. De esta forma, el sistema también incluirá, a partir de ahora, información sobre las personas condenadas por trata de seres humanos, con independencia de la edad de la víctima.
La segunda novedad tiene que ver con la vía para acreditar la carencia de antecedentes por delitos sexuales. Hasta ahora, eran los ciudadanos los que solicitaban y aportaban el certificado a su empleador, y no siempre se podía saber si las personas habían cometido un delito tras haber sido contratadas. Con esta reforma, se habilita a empresas, instituciones, ONGs y algunos colegios profesionales a solicitar, de forma periódica, el certificado negativo para sus trabajadores, siempre contando con su consentimiento. Con ello, se facilita el control efectivo de los antecedentes por delitos sexuales o vinculados a la trata de seres humanos de quienes están en contacto continuo con menores.
Otra novedad destacada es que la norma habilita a las personas de entre 16 y 18 años -por ejemplo, monitores de campamento o socorristas- a solicitar este tipo de certificados directamente, y no a través de su tutor o representante legal.
También agiliza el régimen de certificación de estos antecedentes para los ciudadanos procedentes de otros países de la UE que trabajen o quieran trabajar en España, a través de la interconexión del registro con el Sistema Europeo de Información sobre Antecedentes Penales (ECRIS). Con ello, se asegura que los ciudadanos europeos tengan un certificado de ausencia de antecedentes simultáneo en relación con su país de origen y de España.
Por último, con esta reforma se equipara el régimen de cancelación de las condenas dictadas a personas condenadas por delitos sexuales por parte de jueces o tribunales extranjeros al régimen español -es decir, imposibilidad de trabajar con menores durante 30 años desde el cumplimiento de la pena-, con independencia de la norma que se aplique en el país donde se cometió el delito.
Nota de la Conferencia Episcopal Española en relación al Plan presentado por el ministro de la Presidencia del Gobierno de España
En relación al Plan presentado por el ministro de la Presidencia, la Conferencia Episcopal Española (CEE) quiere señalar que la acción que la Iglesia viene desarrollando frente a los abusos sexuales coincide, en buena parte, con los cinco ejes de acción que este plan propone. La Iglesia trabaja ya en la línea de la acogida, la atención y la reparación de las víctimas, la prevención de los abusos, la formación de las personas y la sensibilización de la sociedad.
En relación al Plan presentado, la CEE considera que, ciertamente, son valiosas aquellas medidas que se refieren a todas las víctimas y en ese aspecto trabaja y trabajará también la Iglesia, con la experiencia que ella misma puede aportar para acoger a todos los que han sufrido y sufren esta lacra.
Por otra parte, no se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada 10 víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales.
El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado. Al centrarse sólo en la Iglesia Católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones.
Además, esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales. La Iglesia va por delante en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación. Son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas oportunas en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia.
La Conferencia Episcopal Española ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este Plan al fijarse sólo en la Iglesia Católica. También le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto. En todo caso, la Iglesia mantiene su compromiso de continuar con la acogida a todas las víctimas de abusos sexuales para acompañarlas y repararlas.
REDACCIÓN / PASIÓN POR MVNDA
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